El pasado 19 de junio, el Embajador de la Unión Europea Amador Sánchez Rico junto a una comitiva de funcionarios de Bruselas, visitaron las instalaciones de gestión de efluentes industriales pesqueros administradas por Rawson Ambiental S.A.

En aquella oportunidad, pudieron observar la fuerte inversión realizada por el grupo de pesqueras accionistas de RASA para la solución de problemáticas ambientales comunes, relacionadas con el desarrollo de la actividad industrial.

Partiendo desde el Puerto de Rawson, tanto la comitiva del Embajador de la UE como representantes de varias ONGs vinculadas a la conservación, recorrieron las estaciones de bombeo y conducción de efluentes, para completar la visita en los cuencos de tratamiento de líquidos pesqueros.

Desde allí prosiguieron con su agenda, firmando en el Foyer del Centro Cultural “José Hernández” de la ciudad capitalina, convenios con el ejecutivo Municipal de Rawson, uno de los cuales es la subvención del proyecto REFORZANDO LA RESILIENCIA DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DE LA ARGENTINA.
Este proyecto, que será coordinado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia e implementado por organizaciones públicas y privadas, se enmarca en la Cooperación entre la Unión Europea y la República Argentina sobre biodiversidad marina.

RASA, en un compromiso permanente con la protección y cuidado medioambiental, se ha sumado activamente al Proyecto, el que prevé trabajar sobre cuatro ejes de acción:

1. El fortalecimiento del manejo adaptativo de las áreas protegidas costeras y marinas que permita ajustar las acciones en base a la evidencia y el monitoreo de indicadores de biodiversidad.
2. La adopción de buenas prácticas pesqueras en inmediaciones de áreas protegidas, para la reducción de la captura incidental de especies de valor especial (tiburones, aves y mamíferos marinos).
3. La reducción de la cantidad de residuos plásticos de origen pesquero que se acumulan en playas y hábitats acuáticos de las áreas protegidas marinas y costeras.
4. La mayor participación de los ciudadanos, la sociedad civil y las autoridades locales de la costa patagónica en la gestión y conservación de las áreas protegidas costeras y marinas.